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domingo, 4 de octubre de 2009

El Museo Británico pregunta: ¿Quién mató a Moctezuma?
(Destruyendo glaciares por oro) con mucho material sobre el proyecto “Pascua Lama”, y
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El capital combatiendo

La ilegalidad empresaria, el núcleo de la cuestión. Las perspectivas judiciales y las sanciones que se vienen. La lógica patronal, su caso piloto. La embajada, la praxis y el pensamiento de las empresas de bandera. Los conflictos intrasindicales, una mirada. Daer, su pasividad, sus imposibilidades y contraejemplo. Lo que hay en juego.


Por Mario Wainfeld
Tanto la patronal como los delegados sindicales injustamente desplazados aspiran a que el de Kraft Foods sea un caso piloto. También apuesta así una constelación de partidos y organizaciones sociales de izquierda, incluidas varias que formaron parte del Commonwealth kirchnerista apenas ayer.

Obviamente, sus anhelos respecto del desenlace son antagónicos. La empresa procura disciplinar a los sindicalistas, en pos de una señal que trasciende a la propia fábrica propagándose al universo de la industria.

Se valen de un argumento consabido en los noventa. Hacen falta inversiones (entonces para “modernizar”, ahora para acompañar la factible o hasta visible recuperación económica), a cuyo efecto hay que de-sembarazarse de las “rigideces” del orden laboral argentino.

El conflicto tiene muchas ramificaciones que, en sobrevuelo, se atenderán en esta columna. Pero tiene un eje de estructura subestimado en la mayoría de los tratamientos mediáticos: arranca de una provocación de la empresa (despidos en masa por motivos disciplinarios) que llega a su clímax en la exclusión ilegal de un grupo de delegados combativos.

Esa brutalidad y esa violación de las normas son indiscutibles, taxativas. A los gremialistas se los acusa de abusar de la acción directa, dentro del establecimiento o en el espacio público. Son cargos de distinto volumen, el segundo es opinable, el primero irrefutable.

Casi no hace falta agregar que el abuso de la acción directa es un reproche que cabe a numerosas movilizaciones de los últimos años, cuyos actores se reparten en todo el espectro social. Y que muchas protestas, especialmente la del “campo” fueron mucho más lesivas para terceros que las acciones de los trabajadores de Kraft.

La ley 23.551 de Asociaciones Sindicales estipula una vieja conquista, la estabilidad de los representantes de los trabajadores durante su mandato y aún durante los períodos electorales previos. Para removerlos, con invocación de causa grave, la patronal debe acudir a la Justicia, en pos de una sentencia o tan siquiera de una medida cautelar provisoria. Los feroces representantes de Kraft hicieron el intento, pero tuvieron acogida sólo en un caso.

Aun en ese supuesto, el delegado tiene potestades para entrar a la fábrica para ejercer su cometido gremial, la limitación sólo faculta a la empresa a impedirle trabajar.
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Novedades en cierne:


En las dos reuniones cuatripartitas celebradas la semana que hoy termina, el Ministerio reconoció a la comisión interna como interlocutora. En el acta ulterior a la segunda tipificó como “falta gravísima” la prohibición de ingreso. En jerga eso configura “práctica desleal” y habilita sanciones administrativas.
La autoridad ejecutiva no tiene competencia para imponer la reposición de los delegados, que debe ser gestionada ante los Tribunales mediante trámite sumarísimo.


Dada la claridad de los hechos y la tipificación administrativa ningún juez laboral serio y decente (nótese que no se dice “ningún juez laboral”) puede denegar un pedido en ese sentido. Los legitimados para hacerlo son los damnificados, que tienen la puerta abierta para conseguirlo en pocos días.

El sindicato también está facultado pero no mueve un dedo, como ya se relatará.
Entre tanto, en Trabajo se prepara la máxima sanción administrativa autorizada que es una multa. Su importe, como se consignó días atrás en Página/12, se obtiene multiplicando la suma de cinco mil pesos por el número de trabajadores desamparados de la tutela gremial.


El resultado excede los trece millones de pesos. Tiene un tope que es el diez por ciento de la masa salarial.

Así las cosas, es verosímil que dos estamentos del Estado le den, por vías institucionales, malas noticias a Kraft Foods en cuestión de horas. Su gerente Pedro López Matheu, un talibán de las relaciones laborales, y la cúpula patronal conocen esa perspectiva y quizás estén dispuestos a enfrentarla. Si así osaran, quedarían expuestos a acciones penales.
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Novecento en el siglo XXI:


López Matheu encabezó otro conflicto con atropellos variados, en el que reclamó y obtuvo la toma violenta de la planta por fuerzas de seguridad. Fue en la empresa integrante del Grupo Clarín. Un cuadro patronalista, con mentalidad de Novecento, munido de herramientas del siglo XXI.

El apoyo a libro cerrado de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) habla de una ofensiva corporativa. Las monsergas del obispo Jorge Bergoglio, tan laborista cuando se celebra a San Cayetano, no tuvieron una línea crítica para la barbarie patronal.

La flamante embajadora de Estados Unidos, Vilma Socorro Martínez, también dejó filtrar su aval y preocupación. Parte de su misión es bancar a las empresas de su bandera, pero ese cometido está sujeto al límite de la ley local. Caben acá dos hipótesis, ambas preocupantes. O Martínez no tuvo tiempo de imponerse de las reglas argentinas o, conociéndolas, fomenta su arrasamiento en un caso concreto. La Embajada debería develar el dilema.

Conocedores del paño explican que a los empresarios estadounidenses que “paran” en estos pagos les cae mal el sistema de relaciones laborales criollo. Hay un ingrediente cultural, etnocentrista al mango. El empresario proveniente de una potencia no internaliza ni respeta culturas y reglas diferentes a la propia que juzga superior, si no única.

Es muy diferente su sistema al argentino, percibe a los sindicatos como charros enemigos de la libertad económica, como un estorbo a las inversiones. Ese imaginario se corrobora mediante datos empíricos, medidos por oficinas públicas. Las empresas norteamericanas son las más remisas a admitir delegados sindicales en sus establecimientos, veda que rige en un 47 por ciento de su total.

Cierto es que se transita una época de merma en la afiliación y en la sindicalización, pero es también real que para otras empresas extranjeras (que tampoco brillan por su cordialidad o transigencia) la marca baja al 33 por ciento. Eso incluye a las europeas (abarcando a las españolas que han hecho lo suyo), las japonesas, las de América latina y aun las canadienses.
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Intersindicales:


El antagonismo entre la interna y la conducción nacional del sindicato signa también el conflicto. Ha habido varios de ese jaez durante los gobiernos kirchneristas, algunos de alto impacto público: el de Foetra Capital, el de los subtes, el del Garrahan. Varios versaron sobre cuestiones de encuadramiento, pedido de reconocimiento de gremios alternativos.

En otros, como éste, la pugna incluye ese ingrediente pero va más allá.
Ha sido chocante la pasividad del gremio que conduce Rodolfo Daer, quien fuera uno de los más entreguistas secretarios generales de la CGT de que se guarde memoria. Voces cercanas a Daer (y a la empresa que pone muchas fichas a esa baraja) alegan que los líderes de la protesta están aislados, que son cuestionados por la mayoría de los laburantes que siguen trabajando con normalidad. El razonamiento, recogido en voz baja en la Casa Rosada y zonas de influencia, espiga entre un conjunto radicalizado y una “mayoría silenciosa” rehén del enfrentamiento.


La posibilidad no es desechable, como hipótesis, pero debería ser corroborada mediante prácticas gremiales y no por inferencias discursivas. Es bien posible, hay precedentes interesantes. Por ejemplo, Pedro Wasiejko (secretario general del Sindicato único del neumático) más de una vez tuvo cortocircuitos con delegados de base. Y alegó, como hacen voceros de Daer, que las asambleas podían reflejar mal el sentir general de los trabajadores a favor del de un grupo organizado y más radicalizado.

Acudió entonces a un mecanismo democrático, en la empresa Fate y en otras: organizó una votación secreta y universal, con urnas y todo. Así fue validada la conducción. La idea fue propuesta por algún mediador oficial a Daer, quien la desechó sin trepidar. A diferencia de Wasiejko, integrante de la mesa central de la CTA, el ex pope cegetista no puede pisar una fábrica, dejarse ver por “los muchachos”, menos entrar llevando urnas.
El Ministerio de Trabajo releva los conflictos existentes, se han sustanciado miles en estos años. Los que incluyen el ingrediente de la puja interna son minoría, menos del cinco por ciento. Se caracterizan por una duración promedio mayor, por la apelación más frecuente a la metodología del piquete.


Su visibilidad ha variado mucho, en parte al vaivén de la relación entre los grandes medios electrónicos y el oficialismo. En cualquier caso, todos revelan una brecha en la calidad de la representación sindical, que los grupos basistas exponen pero no crearon. La dirigencia cegetista menoscaba su praxis, clasificándola como un revival de décadas anteriores, sin reparar en la viga en el ojo propio. La de Daer es extra, extra large.
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Pídele al viento firmeza:


Una encuesta telefónica de la consultora Ibarómetro, realizada sobre 900 personas de la zona metropolitana, ofrece indicios sobre la percepción ciudadana.
La mayoría atribuye la culpa del conflicto a la empresa. Es interesante porque los mismos sondeados creen que, en términos generales, los causantes de los conflictos son primero “las luchas entre sindicalistas” y luego los enfrentamientos con el Gobierno.


El obrar empresario queda, fuera de este caso, en el tercer lugar del podio.
El cuestionamiento a la intervención de “la Embajada” trepa a niveles plebiscitarios: 63 por ciento, casi igual al reproche a Kraft Foods.


También supera el cincuenta por ciento el rechazo a los cortes de ruta. Los mismos ciudadanos se oponen a la represión que se ejerció para desalojar la fábrica. Acaso “la gente” propone programas de imposibles cumplimientos. Así es la opinión pública, no siempre congruente con sus propias premisas.

Comedidos a elegir quién tiene la responsabilidad de resolver el conflicto, los entrevistados ponen al Ministerio de Trabajo en primer lugar. El cuestionario es de preguntas cerradas, Ibarómetro no dio cabida al Poder Judicial entre las alternativas, siendo que (como se apuntó más arriba) es el único competente para tomar medidas muy determinantes. Quizá sea un error, quizá una concesión a un sentido común que es, más que estadocéntrico, ejecutivocéntrico.
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En la mira:


Al Ejecutivo le llueven reproches desde todo el espectro ideológico. En el peronismo, es un lugar común pontificar que esos cuestionamientos simétricos prueban su acierto. Es una deducción excesiva: casi no hay gobierno que no sea pasible de recriminaciones provenientes de un abanico político.

Hugo Chávez supo tomarle el pelo amigablemente a Evo Morales recordándole que, antaño, tuvo un dirigente indigenista (el líder aymará Felipe Quispe) que lo “corría por izquierda”.

Un oficialismo en merma debe hacerse a la idea que hay un esperanto opositor que es cargarle todas las responsabilidades, llevando luego cada uno agua para su molino. Hay confluencia de intereses, no conjura.

Ciertamente son injustas las críticas a la pretensa laxitud del Ministerio de Trabajo. Sus primeras figuras rezongan y exponen indiscutibles desempeños encomiables durante años en paritarias y conflictos específicos.

En este caso, fijaron la conciliación obligatoria a menos de 24 horas de la denuncia gremial. Emitieron dictámenes contra las prácticas empresarias desleales y redactan contrarreloj una imposición de multa ejemplar. También allanaron camino al, imprescindible, recurso de los delegados a la vía judicial.

Se mantiene la negociación sudando la gota gorda. La intransigencia de las partes es muy elevada, en términos comparativos. Tanta que, hasta ahora, no se han sentado juntos a la proverbial “mesa”. Las tratativas se mantuvieron en habitaciones separadas, limitación que el Ministerio tratará de paliar el martes, así sea durante un lapso breve.

Pero el kirchnerismo no es del todo ajeno, en términos de responsabilidad política, de la conducta abandónica de sus aliados estratégicos de la CGT, más atentos a su distancia con “los zurdos” que a la defensa del sistema de representación gremial, que la patronal desafía con malas artes.
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El derecho y las razones:


La mayoría de fuerzas de izquierda que llevan adelante la protesta se presentaron a elecciones, su representatividad medida en votos es irrisoria. Y es posible que su concepción sea acentuar las contradicciones, orientados por la máxima “cuanto peor, mejor”. Ese paradigma es opinable, no hay por qué darle razón.

Pero en democracia nadie tiene razón de modo definitivo, aunque existen mecanismos para fijar mayorías contingentes que marcan el rumbo político y económico.

La legalidad es una dimensión diferente, cualitativamente. Cuantitativamente es de mayor volumen. A despecho de coincidencias o divergencias con la ideología o modelo de país de los delegados, su posición cuenta con el amparo legal. Ese es el alfa y el omega del entredicho, la clave para dirimirlo.

La paciencia frente a la ocupación del espacio público fue, aunque con intermitencias y agachadas, una constante del kirchnerismo.

El cronista se enrola entre los que cree que esa elección fue acertada, lo que equivale a perfecta ni exenta de complicaciones y repudios de las clases medias de grandes centros urbanos. La exhortación de la Presidenta a desistir de la metodología no es pecado, si no deriva en un cambio de paradigma, un retroceso en verdad.
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La tasa de ganancia, estúpido:


Las banderas de movimientos de desocupados y la afligente situación social pueden inducir a una conclusión incorrecta. Este conflicto tiene poco que ver con los desocupados, con ajustes empresarios o con cierres de fábricas. El sector alimentario es uno de los menos afectados por la crisis mundial y, con las proyecciones imaginables para el mercado internacional de commodities, tiene buenas perspectivas de mejorar.

Lo que se pone en juego es un nuevo mapa de relaciones laborales.
El capitalismo global produjo, por sus propias carencias, un cataclismo mundial.


En la hora de los “brotes verdes” germina asimismo la disputa por quién paga los platos rotos y por cómo se configura un nuevo mapa en la puja capital-trabajo. La realidad económica no es un juego floral donde predominan los que tienen mejores argumentos. Ni un tribunal ético donde los responsables se hacen cargo de sus culpas. Es una pugna de poder, supeditada a la correlación de fuerzas.

El poder económico, como cuadra a un Ancien Régime que retorna, no aprende ni olvida. La desmesura patronal dista de ser un folklorismo criollo. En Francia, en simultáneo, conmueve una ola de suicidios de empleados de Telecom. El suicidio, una decisión subjetiva por antonomasia, tiene su raigambre social como supo diseccionar Emile Durkheim hace más de un siglo. Es el precio de políticas flexibilizadoras, hiperexigentes, agresivas hacia la subjetividad y la autoestima de los trabajadores.

Un directivo de Telecom-France diagnosticó la existencia de una “moda” de suicidios, mostrando que en todas partes se cuecen habas como López Matheu y sus referentes de AEA y UIA. Tuvo que pedir disculpas, dijo que había traducido mal una expresión en inglés, su retractación no produjo resurrecciones ni conmovió a nadie.
La pugna entre capital y trabajo recrudece en este confín del Sur.


Las corporaciones patronales creen que ha habido “abusos” que los perjudicaron y marcan el terreno. La situación tiene muchas aristas, se han tratado de reseñar las más salientes. Un detalle particular es que el gran lucro empresario de los últimos siete años no afronta un brete que signó la historia nacional.

No hay estrangulamiento del sector externo en ciernes, el esquema exportador tiene pinta de perdurar. Lo que defienden es su tasa de ganancia, que consideran limada por el ascenso del sector sindicalizado de la clase trabajadora. Una pléyade de partidos políticos con buenos resultados en junio les hace de claque.
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Secuelas y oportunidades:


La conflictividad extrema y hasta la patología pueden derivar a secuelas virtuosas, en una democracia dinámica. Kraft Foods exhibe los límites y las rémoras del sistema sindical argentino.

En sincronía, un escándalo con estribaciones penales desnuda el arcaísmo y la insuficiencia del sistema de salud. Los delitos son graves, deben investigarse pero son llaga de algo más denso. Son consecuencia de un mal mayor, un sistema que hace agua por varios lados, que gasta fortunas y dispensa prestaciones pésimas, muy desigualmente distribuidas por añadidura.

Las crisis pueden parir oportunidades. Los debates estratégicos son, en estas pampas, una rareza y una necesidad. Reconfigurar la legislación sindical, el sistema de salud que le está imbricado, son una necesidad, más allá del curso que tome el conflicto.

El kirchnerismo pretende rectificar su rumbo, con la proa hacia el centroizquierda. En ese difícil cambio de timón el demorado reconocimiento a la Central de Trabajadores Argentinos sería una señal de congruencia, una reparación parcial de esos entuertos y otra llamada a los aliados deseados.

Hacer esa tortilla, más vale, exigiría romper algunos huevos.
mwainfeld@pagina12.com.ar
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Particularidades de Kraft
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El Gobierno se encuentra navegando dos situaciones: la intransigencia patronal y el escaso respaldo a los delegados despedidos. La salida es esperar que la Justicia decida sobre los cargos contra la comisión.
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La situación social tuvo un elemento extra de tensión, ya que los sectores más pobres gastan todo su ingreso en alimentos. Como la demanda no bajó, las empresas dominantes lograron ganancias extra realmente muy altas.
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Zapatazo
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“La posibilidad de error del FMI es muy grande”, afirmó el funcionario. “En muchas ocasiones las previsiones del FMI se han equivocado y han sido erróneas”, agregó. Para concluir que “tenemos... [+]
La lección

El viernes se votará en el Senado la nueva regulación audiovisual. Cobos planeaba restarle dos votos al oficialismo viajando a Montevideo el día del partido con Uruguay. Pampuro reemplazaría a CFK, de viaje en la India, y Marín conduciría la sesión. Cómo se desbarató la maniobra. Por oponerse a la ley, Bonasso no fue a declarar en Rosario. El consenso de las minorías. La ley de sociedades offshore de Macri-De Narváez.

Por Horacio Verbitsky

Al atardecer del viernes, la oposición no había presentado su dictamen o dictámenes de minoría sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por lo que dejaban trascender sus negociadores políticos, entre los distintos bloques sólo había cinco puntos de acuerdo.


A ellos podrían reducirse las votaciones en particular luego de la aprobación en general para la que el oficialismo cree contar con suficientes votos. Pero las peripecias corridas hasta llegar a ese punto aconsejan no dar por cerrada ninguna posibilidad. El Frente para la Victoria se esforzó por cerrar el debate y firmar su dictamen el jueves, de modo de respetar el plazo de una semana de lectura y reunirse el jueves 8 en sesión ordinaria.

Su temor si accedía a la prórroga de las audiencias era que la sesión especial, el viernes 9, requeriría que la convocara el hombre de las sorpresas de madrugada. De negarse Cobos, la siguiente sesión ordinaria hubiera correspondido al martes 13. En tal caso, el vicepresidente hubiera podido viajar a Montevideo para darle suerte a Elisa Carrió en el último partido de las eliminatorias para el campeonato mundial de fútbol.

De ese modo le sustraería dos votos al oficialismo para la ley de medios: el de José Pampuro, que hubiera debido asumir la presidencia durante el viaje de CFK a la India, y el de Rubén Marín, como forzado presidente provisional del Senado, sin derecho a voto. La presidente habría evaluado inclusive la posibilidad de postergar el viaje a uno de los mayores socios comerciales de la Argentina y exponer a Cobos a la consideración pública por su acto encaminado a continuar la erosión institucional que inició en julio de 2008.

Un paso previo, en apariencia exitoso, fue la nota que la conducción del bloque mayoritario elevó a Cobos reclamándole la sesión especial para el martes 6 o el viernes 9. Su texto menciona las “especulaciones acerca de quien presidirá la sesión, por lo que consideramos de suma importancia que sea usted. En cualquiera de las dos fechas solicitadas estaría asegurada su presencia como titular nato del cuerpo, disipándose así toda suspicacia”.

Cobos firmó ese mismo día la convocatoria para el viernes 9. Su decreto no dice que él presidirá la sesión, pero eliminado el factor sorpresa, el costo personal que tendría la maniobra la torna casi imposible. Aunque no tuviera cable, podrá verlo por televisión.

La edición de la realidad
Las audiencias realizadas durante toda la semana por las cuatro comisiones del Senado a las que se remitió el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados fueron aleccionadoras acerca de lo que está en juego, tanto por el contenido de las distintas presentaciones como por el modo en que se difundieron. Para enterarse fue necesario sintonizar la señal de Senado TV o estar presente en el salón al que asistieron representantes de entidades interesadas en que se apruebe o se rechace la ley.


Quienes siguieron las discusiones sobre “la ley para controlar a los medios” por las señales noticiosas TN y América, de los grupos Clarín o De Narváez-Manzano-Vila, sólo pudieron confirmar que la libertad de expresión en la Argentina está amenazada por la posible sanción de una ley a la que toda la sociedad se opone.

También se enteraron de que este empecinamiento sólo se explica por la crispación de un gobierno aislado, que intenta acallar toda crítica, obligar a empresas sanas que enorgullecen a la cultura nacional a que pierdan sus derechos adquiridos y vendan sus medios a precio vil a los amigos del poder.

También escucharon que gracias al manejo de la publicidad del Estado construirán luego una cadena oficialista privada que, sumada al sistema de medios públicos, devendrá una usina de propaganda para asegurar la permanencia indefinida de la pareja diabólica en el poder.

El discurso de las formas
Este proyecto totalitario, que avasalla las instituciones y uniforma el pensamiento, fue denunciado por expositores tan profundos como el rabino Sergio Bergman, muy mono con su saco mao negro y su kipá de colores, a quien acompañó el integrante de la comisión justicia y paz de la Iglesia Católica, Gustavo Mangisch, director de un grupo educativo del obispado de San Isidro que, entre otras unidades de excelencia, gestiona un colegio en el barrio privado Nordelta.


Bergman dijo que el Senado se proponía aprobar la ley a libro cerrado y que la estatización del sistema jubilatorio probaba que lo único que le interesa al gobierno es la caja. Sin resistir la tentación del juego de palabras propuso tratar los medios de la ley en vez de la ley de medios. Opinó que el Senado debía devolver el proyecto a la otra cámara para que allí se subsanaran los vicios formales que denunciaba, aunque llevara algo más de tiempo.

Bergman también convocó a la participación ciudadana por un medio digital interactivo, en el que consignó las direcciones electrónicas de cada senador. De este modo ofreció una alternativa privada a la página estatal del Senado, desde la que también es posible escribirle a cada senador. No quedó claro si por una sobrecarga de ideologismo o porque ignoraba la existencia de Senado.gov.ar.

Ricos tipos
En forma muy pertinente el dúo Bergman-Mangish citó al cardenal Jorge Bergoglio y al obispo Jorge Casaretto. Los cuatro temen que por debatir estas cuestiones se postergue el tema urgente e importante que es el escándalo de la pobreza, violatorio de los derechos humanos esenciales.


Bergoglio había vertido sus lágrimas por los pobres durante unas jornadas en el hotel más lujoso de Buenos Aires, que organizó en forma conjunta con el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi y con una universidad corresponsal española. Durante la presidencia de Carlos Menem, Dromi diseñó el remate de las empresas públicas, previo despido de buena parte de su planta laboral.

Además del liquidador de los teléfonos, el gas, la electricidad, las aerolíneas, el control del espectro radioeléctrico y las rutas nacionales, acompañaron al cardenal el diputado-empresario Francisco De Narváez (si se atiende a sus propias declaraciones es uno de los responsables de la fuga de capitales a la que se refirió Bergoglio), y el CEO italiano de FIAT, Cristiano Rattazzi Agnelli, gestor de obras públicas con créditos de su país natal y sobreprecios del adoptivo y procesado por el contrabando de un auto de lujo.

Rattazzi Agnelli se declaró insolvente para eludir un embargo de 50.000 dólares. La elección de estas compañías prueba cuán sutil es el presidente de la Iglesia Católica, quien habló de la pobreza pero escenificó el escándalo de la riqueza. San Ignacio de Loyola se revuelve en su tumba.

Palanca baja
Cuando quien expuso fue Sergio Caletti, de Carta Abierta, América y TN desviaron sus cámaras a otras cuestiones más interesantes, sobre los cortes de calles, las desventuras matrimoniales del gobernador del Chaco o la salud de la cantora.


Una edición atenta protegió al público de referencias anacrónicas a luchas populares, nacionales y emancipatorias, lugares comunes como que los medios son operadores de uno de los negocios más concentrados y lucrativos, diatribas capciosas a la representación de la SIDE y las Fuerzas Armadas en el COMFER y cantilenas izquierdistas sobre zonas del país desamparadas.

Esos editores tampoco dieron lugar a la manía confrontativa de Caletti, quien dijo que la limitación en la rentabilidad de los medios más concentrados permitirá la expresión de otros actores sociales a los que el esquema actual les expropia la palabra.

También interpretó que la pregunta sobre por qué tanto apuro es parte de “la prédica falsamente consensualista, institucionalista, republicana” que propone que si la democracia argentina tardó 26 años en modificar esta ley podría tomarse otros diez años para estudiarla mejor. Concluyó que si los senadores siguen ese camino, el parlamento no será el Congreso de la Nación sino la vergüenza nacional. Pero no hay que preocuparse porque casi nadie se enteró.


Gente como uno

Los presidentes de ADEPA, Gustavo Vittori, de ATA, Carlos Molinero, y de la Academia de las Artes y la Comunicación, Alejandro Fargossi, tuvieron todo el tiempo necesario para exponer a la audiencia de TN y América sus opiniones adversas a la ley, forzando la interpretación de sus artículos y de los de la Constitución Nacional para advertir que se restringirá la libertad de expresión y desaparecerá la televisión de aire o se fundirá la de cable.


Vittori se anticipó a los cuestionamientos obvios y dijo que los medios no eran perfectos y habían tenido “inconductas en determinadas circunstancias, como el resto de la sociedad”, una forma taimada de socializar responsabilidades por el comportamiento durante los años de plomo.

Pero sólo de cuerpo presente o por Senado TV fue posible conocer la posición del representante del diario pampeano La Arena, Sergio Santisteban, cuando rechazó “ataques falaces contra la ley” y contó que en su ciudad, Santa Rosa, la cooperativa eléctrica tiene prohibido competir con el único cable, propiedad del mismo grupo que se apropió de la única fábrica de papel durante la dictadura que asesinó a casi dos centenares de periodistas. Asuntos de provincia, poco interesantes, expuestos por un desconocido.

También le bajaron la palanca el día anterior a Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, quien con citas precisas de la ley y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos explicó la compatibilidad del proyecto con los instrumentos internacionales que entre otros derechos, defienden el de la libertad de expresión.

Y volvió a pasarle el viernes al último interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, que había concurrido a completar sus explicaciones sobre la ley a pedido de la oposición que, como en la Cámara de Diputados, dejó sus asientos vacíos.

En definitiva, si el Senado confirma lo que votó la otra cámara, los experimentados editores de los grandes medios, que saben mejor que nadie qué le interesa conocer al público, serán desplazados por fanáticos burócratas setentistas que confundirán a la audiencia permitiendo que todas esas voces se escuchen como si fueran equivalentes, sin ninguna jerarquía de valores. Dios no lo permita.

Indignación republicana
La indignación republicana ante el atropello se concentró en el presidente de la comisión de sistemas, medios y libertad de expresión, Guillermo Jenefes, quien luego de fomentar todas las expectativas opositoras como propietario de un multimedios familiar en Jujuy, prestó su firma al dictamen de la mayoría, apenas con disidencias parciales que hará públicas en el pleno.


Recién entonces se sabrá si alguna de ellas se refiere a la autoridad de aplicación o al plazo para la desinversión, que los bloques opositores tratarán de modificar en el recinto, como única forma a su alcance de control de daños. Lo mismo ocurre con la sorpresiva disidencia del senador por Chubut Marcelo Guinle, cuyo contenido no se conoce.

El tono de virtud ofendida que campea en los bloques minoritarios ratifica su dificultad para amoldarse a las reglas del juego democrático, para dirimir en forma civilizada, por el voto, legítimos disensos.

El oficialismo a su vez no entiende que la búsqueda de consensos obligue a modificar todo lo que le plazca a cada legislador de la minoría y con una sospechosa entonación chavista cree que la mayoría debe prevalecer. Notable por su ostensible sinceridad fue la ofensa del senador por la CCL Samuel Cabanchik, quien dijo que la referencia del académico Fortunato Malimacci a la Banelco, la de Carta Abierta a la vergüenza de la Nación o la de Hebe Bonafini a las manos ensangrentadas de la dictadura constituían un chantaje moral.

Es opinable la pertinencia de cada una de esas menciones, pero debería estar fuera de duda que hacerlas es parte de la libertad de expresión que, en teoría, le interesa defender a ese senador. ¿Cómo creerá él que se sienten quienes han pugnado durante años desde la sociedad por la reforma de la ley y ahora son insultados por quienes llaman Ley K al proyecto elaborado según las propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática?
En el frío del cementerio de Darwin, islas Malvinas

Está cerca de Pradera del Ganso, escena de una de las batallas más cruentas de 1982. Con una misa y ceremonia quedó inaugurado. Hubo autoridades civiles y militares británicas y esmero por evitar incidentes.






Por Martín Piqué

Desde Darwin, islas Malvinas

El susurro helado se impone sobre un silencio que intenta apoderarse de todo. El micrófono alimentado por un grupo electrógeno multiplica el eco del viento por los parlantes. La ceremonia religiosa acaba de empezar en el cementerio argentino de Darwin.

Por un momento no se escucha palabra. El vacío de un páramo desolado, con el pasto amarillento quemado por las heladas y apenas unos minúsculos arbustos que conservan algo de verde, es acompañado por el constante ronroneo de ráfagas de viento glacial.

El cementerio está ubicado sobre una elevación del terreno, de espaldas al canal que serpentea por el centro de la isla Soledad. A pocos kilómetros de estas 231 cruces de lapacho pintadas de blanco se encuentra el campo de Pradera del Ganso.

En ese lugar se libró la batalla más cruenta de la guerra. Cada cruz indica una tumba. Algunas recuerdan un nombre y apellido, una biografía, una historia. Otras están destinadas al “soldado argentino sólo conocido por Dios”.

Delmira de Cao, vecina de Lomas del Mirador, La Matanza, es una privilegiada. Sabe dónde está la tumba de su hijo. Maestro de grado, casado y con una esposa embarazada, Julio Cao murió en los últimos días de la guerra.

Había pedido dos prórrogas para el servicio militar. La primera para estudiar magisterio, la segunda para casarse. Cuando le tocó enrolarse en el Regimiento de Infantería Motorizada N° 3 de La Tablada, Cao no quiso pedir la excepción por tener un hijo en camino.

“Soy maestro, tengo que dar el ejemplo”, le dijo a su madre. Su madre es una de las referentes más conocidas de la Comisión de Familiares. En sus ojos y en su sonrisa algo cansada se percibe la sabiduría que van dando los años.

“La guerra no la hacen los pueblos, la deciden los gobiernos”, murmura. Delmira se ve contenta por este primer viaje a las islas, por la inauguración definitiva del cementerio. Como todos los visitantes, ella quiere dejar algo en la tumba de su hijo. En un relicario ha traído tierra negra de su casa de la calle Pringles, también el retoño de un pino que su hijo había plantado a los 21 años.

“Mi hijo siempre decía que había plantado un árbol, que iba a tener un hijo y que le faltaba escribir un libro. Yo creo que el libro lo escribió con su carta a los alumnos”, dice Delmira. Se refiere a una carta que escribió tras viajar a Malvinas, dirigida a los alumnos de tercer grado de la escuela 32 de Laferrère. El hijo de Cao finalmente fue una nena: Julia María, hoy de 27 años. El maestro soldado nunca la llegó a conocer.

La inauguración del cementerio está a cargo del sacerdote santiagueño Sebastián Combin. El cura viajó especialmente invitado por la Comisión de Familiares. Padres, hermanos, hijos de los muertos permanecen mudos ante el altar levantado al pie de una enorme cruz blanca de cemento. Muchos recordarán ese momento por el viento que azota la turba malvinense como si buscara alisar para siempre las ondulaciones de la isla.

Entre los visitantes se ven ponchos salteños de color rojo, bolsas de comercio que contienen rosas de plástico y rosarios de color celeste y blanco; bajo los abrigos aparecen máquinas fotográficas con rollo de 35 milímetros, aquellas que ya casi no se ven en los negocios de electrónica. De las 170 personas desembarcados en la base militar de Mount Pleasant (Bahía Agradable) hay varias que no viajaron nunca en avión.

Aunque ya hubo más de veinte viajes de familiares, esta visita humanitaria tiene tres características inéditas. Es el primer vuelo con un contingente tan numeroso, 170 personas, su objetivo es inaugurar el monumento en homenaje a los caídos –enormes placas de piedra con los nombres de los 649 soldados muertos en la guerra–, y por primera vez familiares de los 343 tripulantes del crucero General Belgrano que murieron en el océano.

La ceremonia está encabezada por el cura santiagueño, el coordinador de la comisión de Familiares Héctor Cisneros, y el párroco católico de Puerto Argentino, al que los británicos llaman Stanley a secas, de nombre Peter Norris.

“Contemplar este cementerio nos estimula a abandonar nuestras actitudes egoístas y a ser ciudadanos comprometidos con la patria, como fueron ellos. Hoy nuestra patria necesita héroes que den la vida por una patria más justa y solidaria”, exhorta el cura.

Los familiares se sientan en sillas de campaña que se instalaron entre la enorme cruz de granito y las tumbas de los soldados argentinos. En esas sillas se ubican también el comandante de la guarnición militar británica, comodoro Gordon Moulds, y el primer secretario de la gobernación, el vicegobernador de hecho, Paul Martínez, londinense de ascendencia española.

Según relataría luego Cisneros, Moulds y Martínez le habían pedido permiso para asistir a la misa. Durante la compleja negociación que hizo posible este viaje, como también el vuelo de los 205 familiares que llegarán a Malvinas el próximo sábado, la Embajada de Gran Bretaña había planteado una serie de condiciones. En concreto, pidieron que los familiares no cantaran el Himno Nacional ni enarbolaran o hicieran flamear banderas argentinas. Esos gestos podrían haber sido interpretados como actos provocadores por la población kelper.

Los visitantes cumplen las consignas. Esta cuestión no era intrascendente para las autoridades de las islas: el jueves 5 de noviembre los tres mil habitantes de Malvinas tendrán elecciones para elegir a los ocho consejeros de la Asamblea Legislativa. Los familiares se conforman con enrollar sus rosarios alrededor de las cruces, con depositar fotos enmarcadas en una urna de vidrio que había sido empotrada en la dura tierra malvinense.

Hay quien se desabrocha la campera para sacarse una foto con una escarapela que esperaba ver la luz bajo la prenda más abrigada. Pero el viento polar obliga a protegerse enseguida con todo lo que esté a mano. De hecho, dos marineros de la armada británica con el gorro típico que los presenta como tripulantes del “Her Majesty’s Ship (HMS) Gloucester” ofrecen mantas azules a cada uno de los argentinos que quisiera ingresar al cementerio. El frío hace inevitable pensar en las condiciones que debieron enfrentar los soldados en el invierno de 1982.

“Hace menos de una hora que estamos acá y ya no aguantamos más. Imaginate los pibes”, comenta a Página/12 un periodista de Radio Nacional. Algo parecido le viene a la mente al cura antes de invitar a rezar el viejo y conocido Padrenuestro.

“Estoy convencido de que esta oración la rezaron mucho los héroes que cayeron en estas tierras”, dice Combin. Pensar en los soldados rezando por sus vidas, para darse ánimo o para enfrentar al miedo, hace emocionar a familiares y simples testigos del momento.

Entre esos testigos se encuentra el fotógrafo de Télam Sergio Quinteros, asignado por la agencia de noticias para la cobertura del viaje. Soldado clase 62, nacido y criado en Lomas de Zamora, Quinteros hizo el servicio militar en el Batallón de Infantería de Marina N° 5 de Río Grande.

Quedó afectado por el inicio de la guerra a pesar de que ya le había llegado el plazo para la baja. Combatió en Monte Williams, en las afueras de Puerto Argentino. “No pude pensar en nada en particular. Se me venían muchas imágenes a la cabeza”, dice a Página/12.

De lo único que cree estar seguro es que desde el cementerio de Darwin ha podido localizar el paraje en el que estuvo desplegado en los últimos días antes de la rendición. Es el imperio de la memoria.

La atención de los británicos es tan correcta que los visitantes no pueden evitar elogiarla. Efectivos de las tres fuerzas armadas de Gran Bretaña, acompañados por personal civil de la gobernación, colocaron tres carpas como resguardo del frío, con café, té y sopas.

Los familiares agradecen, algunos sonríen con cortesía, otros ensayan palabras en inglés. Los británicos responden con la mayor cortesía que se puede imaginar.

Cuando termina la ceremonia hay abrazos, saludos afectuosos entre quienes compartieron más tiempo, agradecimiento de la Comisión de Familiares a las autoridades del Reino Unido.

La única excepción es cuando los visitantes hacen cola para embarcar de regreso a Río Gallegos. Dos mujeres que trabajan para Migraciones en el aeropuerto militar bromean acerca de su desconocimiento del castellano. Una le pregunta a la otra, en inglés, cómo se dice “apúrense”.

La segunda responde con una sonrisa maliciosa y un gesto elocuente: “¡Fuera!”, es su singular traducción al español.