Mensajes contradictorios en medio de la epidemia
Especialistas y entidades vinculadas con la salud pública reclaman la prohibición de las publicidades de antigripales, que pese a los consejos por la influenza A promueven la automedicación. Está en juego un negocio que ronda los 715 millones de pesos por año.
Por Mariana Carbajal
El guión publicitario es más o menos similar: un hombre o una mujer sienten un malestar generalizado, les duele el cuerpo y la cabeza, tienen fiebre, congestión nasal y tosen. Ingieren una píldora de un antigripal de venta libre, mágicamente se recuperan y pueden continuar con sus rutinas laborales o familiares. Van a la oficina a trabajar y hasta pueden participar de la celebración de un cumpleaños infantil, rodeados de niños y niñas, sin consultar a un médico ni hacer reposo durante varios días.
Las publicidades de este tipo pululan en las pantallas de televisión. Y en los afiches callejeros. A veces, incluso, son los conductores de programas de chimentos o talk shows quienes sugieren el remedio.
En un momento en que el mensaje de las autoridades sanitarias es que la población realice una consulta médica precoz frente a la aparición de síntomas gripales por la amenaza del virus H1N1, diversos especialistas y organizaciones vinculadas con la salud pública se preguntan si no deberían prohibirse o restringirse las promociones, muchas veces engañosas, de medicamentos que prometen una cura imposible y que, además, incitan a la automedicación y pueden poner en riesgo la salud de personas enfermas que demoren la visita a un especialista.
El negocio en juego es grande: las ventas de antigripales de venta libre, jarabes para la tos, remedios para el resfrío y gotas nasales rondan los 715 millones de pesos anuales, según estimaciones de la Confederación Farmacéutica Argentina.
El médico epidemiólogo, investigador y docente de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos, Gonzalo Moyano, es contundente: “Hay que levantar las publicidades de antigripales: son riesgosas porque apelan a la automedicación. La industria farmacéutica no piensa en los procesos complejos de una enfermedad sino en una lógica de venta”, señaló en diálogo con Página/12. Moyano es también coordinador adjunto para el Cono Sur de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).
“Ninguno de esos productos cura la gripe. En realidad, no hay ningún medicamento que cure la gripe. Ni la nueva influenza H1N1 ni la gripe estacional. ¿Qué efecto tienen? Lo único que pueden hacer es atenuar los síntomas. Pero muchas veces los mensajes publicitarios llevan a engaño. No son claros”, advirtió.
Durante la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García, se modificó una normativa que obligaba a los laboratorios a poner a consideración de la Anmat, la agencia estatal de control de medicamentos, el contenido de las publicidades de los remedios de venta libre. El organismo oficial debía autorizar los avisos. “A partir de la Disposición 4980/2005 de la Anmat, las publicidades se emiten sin fiscalización previa”, explicó a este diario el subinterventor del organismo, Daniel Gollán.
Es decir, se controlan una vez que ya están en el aire en televisión y radio o impresos en una revista o un diario. Existe una Comisión de Publicidad en la Anmat, encabezada por la ingeniera María Elena Lafferriere, que monitorea los contenidos, para que los mensajes publicitarios no excedan lo que dice el prospecto o rotulado del fármaco, según explicó la funcionaria.
Los comerciales engañosos o que exageran los efectos de los antigripales de venta libre no son excepcionales.
“Tenemos varios procesos sumariales. Muchas publicidades dicen que el medicamento es ‘para la gripe’, cuando deberían decir que es ‘para los síntomas de la gripe’”, reconoció Lafferriere a Página/12.
La Anmat notifica al laboratorio para que levanten o modifiquen la publicidad engañosa. Pero mientras ese proceso avanza, el comercial estuvo “vendiendo” el medicamento masivamente a la población durante varias semanas, a veces meses, transmitiendo, cuanto menos, información confusa sobre sus propiedades.
“En estos momentos de una epidemia hay que reforzar los mensajes claros sobre los efectos de los antigripales de venta libre y cómo deben ser usados. Se tienen que tomar por un período limitado. El problema es que las empresas farmacéuticas tratan de vender más con toda la parafernalia publicitaria. No se puede publicitar que un medicamento nos rehabilita a trabajar si estamos enfermos, porque están violando lo que sería los códigos de ética para promocionar un medicamento”, señaló Gollán.
En relación con la aprobación previa, también surge otro escollo: “Vemos que se cuidan mucho los laboratorios en cuanto a lo que se dice en off o con una leyenda impresa, pero las imágenes que se muestran en la publicidad pueden exagerar o inducir a engaños”, apuntó Lafferriere. “En este momento de una emergencia sanitaria con más razón las publicidades deberían estar mucho más acotadas. El Estado debería controlar más porque se puede prestar a una definición indebida de lo que es un medicamento. Los medicamentos no son otra cosa que un veneno en dosis terapéuticas.
No pueden estar en cualquier parte, los deben prescribir los médicos y suministrar los farmacéuticos. Utilizar mal los medicamentos es peligroso. El gran éxito de la industria farmacéutica ha sido hacernos creer que el medicamento es inofensivo.
Si no tiene efecto, no es medicamento”, reflexionó Mario Castelli, asesor de la Confederación Farmacéutica Argentina.
La proliferación de publicidades de antigripales de venta libre está atada a su comercialización en negocios como kioscos o almacenes, abierta a partir de la desregulación de la economía promovida por el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo en 1993, durante el primer gobierno del ex presidente Carlos Menem.
En un artículo publicado en marzo de este año, la médica Beatriz Di Biasi y el doctor Carlos Damin, docente asociada y profesor titular, respectivamente, de la Primera Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA abordaron el problema de las publicidades de los medicamentos de venta libre, tiempo antes de la llegada del virus H1N1 al país. “Es innegable el impacto de la publicidad de los medicamentos en la conducta de los consumidores, y de allí los potenciales riesgos que representa para la salud de la población”, consideraban Di Biasi y Damin, en el documento colgado en el sitio de la Confederación Farmacéutica Argentina.
Recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) creo los “criterios éticos para la promoción de medicamentos”, un marco teórico donde se establecen recomendaciones sobre los anuncios dirigidos al público, que “deben contribuir a que la población pueda tomar decisiones racionales sobre la utilización de medicamentos que están legalmente disponibles sin receta”.
El negocio de los antigripales de venta libre es extenso. Si se suman las ventas de jarabes para la tos, los analgésicos utilizados para la gripe, los medicamentos recomendados para resfríos y las gotas nasales, representan una torta de unos 715 millones de pesos al año, según estimaciones de la Confederación Farmacéutica Argentina.
Moyano se pregunta si algunas de las personas fallecidas por la gripe A en el país por neumonía pudieron haberse demoraron en una consulta y una atención médica adecuada por haber confiado o recurrido a algún antigripal de venta libre. “Los antigripales de venta libre mezclan un descongestivo, con un antifebril, vitamina C y a veces un energizante como la cafeína."
"El antifebril es lo único que sirve.
El antihistamínico seca las secreciones y por lo tanto se espesan más.
Y alojan mejor los bichos, las bacterias y otros gérmenes que pueden complicar el cuadro gripal de origen. Si hay una secreción transparente, blanca, el bicho pasa y no tiene capacidad de quedarse”, explicó el médico epidemiólogo, que trabaja en una unidad sanitaria de Wilde, partido de Avellaneda.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden con comerciales a veces engañosos de antigripales? De Biasi y Damin advierten que según estudios realizados por la Universidad Maimónides y el Instituto Argentino de Atención Farmacéutica (Iadaf), “la publicidad de medicamentos incita a la automedicación o al mal uso de fármacos, un problema que se cobra en el país unas 700 vidas por año”.
Entre sus conclusiones, observan que la publicidad y promoción activa por los medios masivos de comunicación, aumenta la automedicación irresponsable y el uso irracional de medicamentos.
Y alertan: “Los fármacos medicinales o medicamentos abandonan así su lugar de bien social, esencial para la salud pública, y pasan a ser un bien de consumo”.
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lunes, 13 de julio de 2009
domingo, 12 de julio de 2009
Jugar a las visitas de Roxana Sandá,para Página 12
Jugar a las visitas
La Justicia dispuso la modificación del régimen de visitas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata, que hasta el momento era un tortuoso juego de desencuentro entre madres e hijos, y exigió que el personal policial se capacite para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Por Roxana Sandá
Lejos de ser un “ablandamiento” del sistema de detención, como cacarearon voces opositoras a la medida de modificar el régimen de visitas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata, se trata de un impulso para contrarrestar las condiciones comprobadas de detención abusiva y discriminatoria. A partir de un pedido conjunto de la Defensoría General de La Plata y el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CCT), el magistrado José Villafañe, al frente del Juzgado de Ejecución Nº 2 de La Plata, resolvió la modificación del régimen de visitas vigente por considerarlo “violatorio de los derechos de las mujeres y los niños”.
Lo dispuesto se precipitó luego de la prohibición de las denominadas visitas de contacto el sábado 6 de junio y luego de que la protesta generalizada tuviera como consecuencia el traslado de varias mujeres a diferentes comisarías del conurbano, sin que mediara una disposición judicial para concretarlos.
Villafañe tomó esta decisión luego de entrevistar a las detenidas y de conocer los informes de la Defensoría General y del Comité Contra la Tortura, que describen condiciones de vulnerabilidad extrema: los miércoles y sábados unas 29 detenidas tienen quince minutos de visita con sus hijos menores de 16 años y otros quince con algunos familiares, en un pasillo tajeado al medio por una malla metálica con un vidrio, que sitúa a las mujeres de un lado, de pie y con las manos a la espalda, y a sus familias del otro, anulando cualquier posibilidad de contacto físico.
Antes y después de la visita se somete a los familiares a una requisa en la que se los obliga a desnudarse, incluso a niños, niñas y a personas de edad avanzada. Desde ya, es habitual que las hijas adolescentes de las internas se nieguen a visitar a sus madres.
Tampoco los nietos menores de ocho años tienen derecho al contacto con sus abuelas detenidas y los hijos menores de 16 pueden ingresar al espacio donde se encuentran sus madres, pero permanecen sólo la mitad del tiempo previsto para la visita: quince minutos el miércoles y veinte minutos el sábado. Los más pequeños deben sentarse sobre la falda materna retoge“para no generar el del personal de la dependencia ante la familia”, relataron las detenidas entrevistadas.
“Todas estas situaciones generan tanto dolor e indignación en las mujeres alojadas en esta comisaría, que muchas optan porque sus hijos e hijas no vayan a verlas, a fin de no ser sometidos a semejantes humillaciones”, explicó la coordinadora del área de Género del Comité, Laurana Malacalza.
La pérdida de contacto de las mujeres con sus hijos es una perversión de origen del régimen que regula las visitas en las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. En ninguno de sus puntos la reglamentación hace referencia a la atención y promoción del vínculo y el contacto entre un niño y su madre detenida.
El eje difiere en las comisarías que alojan varones, donde se permite el ingreso de la visita al sector de calabozos y el contacto directo con los familiares. Tal beneficio se amplifica en las cárceles, bajo un régimen de visitas en sectores especiales o en salones destinados a ese fin con acceso a patios de recreo, en franjas horarias amplias.
En ninguna de las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires las detenidas reciben asistencia ginecológica ni psicológica, y el derecho básico a la higiene personal es un lujo de difícil acceso. Por caso, en las celdas de la seccional de la Mujer de La Plata no existen baños.
“Las internas deben pedir a las guardias que las lleven al baño, lo cual implica una gran manipulación y arbitrariedad cotidiana sobre un aspecto tan privado y propio de la dignidad humana. Muchas veces, dada la indiferencia del personal policial, deben orinar o defecar en bidones o bolsas”, detalla el relevamiento del CCT.
“Cuando las llevan al baño, lo hacen en grupos y les dan cinco minutos para que todas resuelvan su higiene personal y su evacuación. En las celdas tampoco hay piletas o algún objeto que las reemplace, por lo cual la higiene personal y la de sus prendas debe hacerse a instancias de las guardiacárceles.”
El acceso a duchas “está regulado por la intermediación del personal de seguridad, encargado de abrir y cerrar el agua, por lo que las detenidas deciden realizar su higiene personal utilizando los lavatorios”.
En su escrito, la Defensoría General y el CCT solicitaron al Juzgado de Ejecución Nº 2 que ordene el cambio de modalidad en las visitas de las madres con sus hijos en la Comisaría de la Mujer, que establezca un régimen de contacto de dos o más horas tres veces por semana, que los encuentros se realicen en espacios adecuados y que con el resto de los familiares se disponga un régimen de visitas “que permita la revinculación en tiempo y calidad correspondiente”.
A partir de ese pedido, Villafañe libró oficio al Ministerio de Seguridad bonaerense para que adopte una serie de recaudos que abarcan desde la periodicidad de las visitas a fin de garantizar “el contacto familiar y asegurar los derechos del niño”, hasta el libre acceso a baños y duchas, la habilitación de agua caliente en invierno y el ingreso regular de alimentos y elementos de higiene personal.
Las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires vienen sufriendo una política de retroceso desde 2004, cuando se creó en la esfera del Ministerio de Seguridad la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género. Entonces, esas seccionales creadas en 1990 pasaron a denominarse Comisarías de la Mujer y la Familia.
Organismos de derechos humanos denunciaron que el cambio de nombre fue acompañado por la profundización de un vaciamiento presupuestario que se reflejó en la falta de formación del personal policial de acuerdo con la perspectiva de género y en el hecho de que dependencias creadas para atender denuncias de violencia familiar y abuso sexual alojaran a mujeres detenidas por todo tipo de delitos.
A la fecha, las condiciones y el régimen de detención de las mujeres privadas de libertad en esas comisarías siguen perforando derechos garantizados por la normativa internacional, vigente en la Argentina. “Paradójicamente –concluyó Malacalza– las comisarías que fueron creadas para promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres se convirtieron en lugares donde existen prácticas violatorias de sus derechos fundamentales.”
La Justicia dispuso la modificación del régimen de visitas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata, que hasta el momento era un tortuoso juego de desencuentro entre madres e hijos, y exigió que el personal policial se capacite para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Por Roxana Sandá
Lejos de ser un “ablandamiento” del sistema de detención, como cacarearon voces opositoras a la medida de modificar el régimen de visitas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata, se trata de un impulso para contrarrestar las condiciones comprobadas de detención abusiva y discriminatoria. A partir de un pedido conjunto de la Defensoría General de La Plata y el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CCT), el magistrado José Villafañe, al frente del Juzgado de Ejecución Nº 2 de La Plata, resolvió la modificación del régimen de visitas vigente por considerarlo “violatorio de los derechos de las mujeres y los niños”.
Lo dispuesto se precipitó luego de la prohibición de las denominadas visitas de contacto el sábado 6 de junio y luego de que la protesta generalizada tuviera como consecuencia el traslado de varias mujeres a diferentes comisarías del conurbano, sin que mediara una disposición judicial para concretarlos.
Villafañe tomó esta decisión luego de entrevistar a las detenidas y de conocer los informes de la Defensoría General y del Comité Contra la Tortura, que describen condiciones de vulnerabilidad extrema: los miércoles y sábados unas 29 detenidas tienen quince minutos de visita con sus hijos menores de 16 años y otros quince con algunos familiares, en un pasillo tajeado al medio por una malla metálica con un vidrio, que sitúa a las mujeres de un lado, de pie y con las manos a la espalda, y a sus familias del otro, anulando cualquier posibilidad de contacto físico.
Antes y después de la visita se somete a los familiares a una requisa en la que se los obliga a desnudarse, incluso a niños, niñas y a personas de edad avanzada. Desde ya, es habitual que las hijas adolescentes de las internas se nieguen a visitar a sus madres.
Tampoco los nietos menores de ocho años tienen derecho al contacto con sus abuelas detenidas y los hijos menores de 16 pueden ingresar al espacio donde se encuentran sus madres, pero permanecen sólo la mitad del tiempo previsto para la visita: quince minutos el miércoles y veinte minutos el sábado. Los más pequeños deben sentarse sobre la falda materna retoge“para no generar el del personal de la dependencia ante la familia”, relataron las detenidas entrevistadas.
“Todas estas situaciones generan tanto dolor e indignación en las mujeres alojadas en esta comisaría, que muchas optan porque sus hijos e hijas no vayan a verlas, a fin de no ser sometidos a semejantes humillaciones”, explicó la coordinadora del área de Género del Comité, Laurana Malacalza.
La pérdida de contacto de las mujeres con sus hijos es una perversión de origen del régimen que regula las visitas en las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. En ninguno de sus puntos la reglamentación hace referencia a la atención y promoción del vínculo y el contacto entre un niño y su madre detenida.
El eje difiere en las comisarías que alojan varones, donde se permite el ingreso de la visita al sector de calabozos y el contacto directo con los familiares. Tal beneficio se amplifica en las cárceles, bajo un régimen de visitas en sectores especiales o en salones destinados a ese fin con acceso a patios de recreo, en franjas horarias amplias.
En ninguna de las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires las detenidas reciben asistencia ginecológica ni psicológica, y el derecho básico a la higiene personal es un lujo de difícil acceso. Por caso, en las celdas de la seccional de la Mujer de La Plata no existen baños.
“Las internas deben pedir a las guardias que las lleven al baño, lo cual implica una gran manipulación y arbitrariedad cotidiana sobre un aspecto tan privado y propio de la dignidad humana. Muchas veces, dada la indiferencia del personal policial, deben orinar o defecar en bidones o bolsas”, detalla el relevamiento del CCT.
“Cuando las llevan al baño, lo hacen en grupos y les dan cinco minutos para que todas resuelvan su higiene personal y su evacuación. En las celdas tampoco hay piletas o algún objeto que las reemplace, por lo cual la higiene personal y la de sus prendas debe hacerse a instancias de las guardiacárceles.”
El acceso a duchas “está regulado por la intermediación del personal de seguridad, encargado de abrir y cerrar el agua, por lo que las detenidas deciden realizar su higiene personal utilizando los lavatorios”.
En su escrito, la Defensoría General y el CCT solicitaron al Juzgado de Ejecución Nº 2 que ordene el cambio de modalidad en las visitas de las madres con sus hijos en la Comisaría de la Mujer, que establezca un régimen de contacto de dos o más horas tres veces por semana, que los encuentros se realicen en espacios adecuados y que con el resto de los familiares se disponga un régimen de visitas “que permita la revinculación en tiempo y calidad correspondiente”.
A partir de ese pedido, Villafañe libró oficio al Ministerio de Seguridad bonaerense para que adopte una serie de recaudos que abarcan desde la periodicidad de las visitas a fin de garantizar “el contacto familiar y asegurar los derechos del niño”, hasta el libre acceso a baños y duchas, la habilitación de agua caliente en invierno y el ingreso regular de alimentos y elementos de higiene personal.
Las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires vienen sufriendo una política de retroceso desde 2004, cuando se creó en la esfera del Ministerio de Seguridad la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género. Entonces, esas seccionales creadas en 1990 pasaron a denominarse Comisarías de la Mujer y la Familia.
Organismos de derechos humanos denunciaron que el cambio de nombre fue acompañado por la profundización de un vaciamiento presupuestario que se reflejó en la falta de formación del personal policial de acuerdo con la perspectiva de género y en el hecho de que dependencias creadas para atender denuncias de violencia familiar y abuso sexual alojaran a mujeres detenidas por todo tipo de delitos.
A la fecha, las condiciones y el régimen de detención de las mujeres privadas de libertad en esas comisarías siguen perforando derechos garantizados por la normativa internacional, vigente en la Argentina. “Paradójicamente –concluyó Malacalza– las comisarías que fueron creadas para promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres se convirtieron en lugares donde existen prácticas violatorias de sus derechos fundamentales.”
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